Fernando Vallespín, en su artículo "Un Estado federal incompleto" publicado hace algunos días en "El Pais", hace un interesante análisis sobre nuestro modelo de Estado partiendo de la discusión sobre financiación autonómica abierta estos días. En este artículo, el autor muestra como el problema planteado tiene su origen en un modelo de Estado que, cuando se fijó allá por 1978, fue lo suficientemente abierto como para permitir el consenso pero que nació así mismo sin un final definido y por ende con fecha de caducidad.
El modelo de partida, el "Estado de las autonomías",es un modelo de transición cuyo fin último es el de transformarse en otro una vez que el trasvase de transferencias sea completado (y con éste la financiación que debe acompañar a dicho trasvase).
¿Cuál es la frontera entre nuestro modelo y un Estado federal? ¿ Dónde termina uno y dónde comienza el otro? Para poder responder a estas preguntas habría que entender cuáles son las diferencias fundamentales que definen a uno y a otro modelo: en un Estado federal son los territorios federados los que recaudan aunque de forma coordinada con el Gobierno federal cuyo Parlamento generalmente es el que fija los tipos. El Estado federal es el que sustenta la representación internacional sin que por ello los estados federados renuncien a su soberanía. El Senado es una verdadera Cámara de representación territorial, y no simplemente una Cámara de segunda lectura sin poder de veto frente al Congreso como ocurre en nuestro actual modelo. En lo que se refiere a las competencias, el Gobierno federal se reserva temas como defensa, política exterior, comunicaciones o moneda, mientras que los territorios federados tienen competencias casi exclusivas en educación y sanidad. Así mismo, en lo que concierne al orden público, existe una policía en cada territorio federado y a su vez una policía federal (los federales...) con actuación en el ámbito del Estado.
Si hacemos un análisis de cuál es nuestra realidad a día de hoy y la comparamos con lo que supondría un Estado federal, nos encontramos con que en muchos aspectos hace ya tiempo que nos comportamos como tal, sin que le demos de forma oficial este nombre: tenemos autonomías de régimen concertado que ya se financian aunque sea parcialmente de forma directa; la propia Constitución recoge el derecho a las autonomías a legislar en las competencias recogidas en el artículo 148; la educación y la sanidad están igualmente transferidas; existen cuerpos de policía autonómicos como los "ertzainas" o los "mossos d'esquadra".. La diferencia más significativa consiste en el papel que el Senado debe desempeñar y existe un cierto consenso entre las distintas fuerzas políticas en la necesidad de su reforma para convertirla en una verdadera Cámara de representación territorial.
El camino hacia un Estado federal no debiese asustarnos. Existen países como Alemania o los propios Estados Unidos de América donde este modelo existe y no son precisamente ejemplos de desunión o falta de patriotismo. Los miedos que en España puedan existir hay que buscarlos, por un lado, en el excesivo centralismo inculcado durante la dictadura (UNA, grande y libre...) y por otro, en los fantasmas que aún coletean fruto de la guerra civil asociados a la palabra "República".
Este sería sin duda también el momento para reflexionar sobre un sistema electoral más representativo en el que se redujese el poder de los partidos políticos y en el que nuestros parlamentarios fuesen realmente representantes de los intereses de aquellos que los han elegido y no meras marionetas al servicio del partido. Igualmente, permitiría marcar los límites para experimentos sin un claro porvenir como el recogido en la declaración de Barcelona en dónde las principales fuerzas nacionalistas de España (BNG, PNV y CiU) apuestan por un Estado confederado, modelo inexistente en la realidad mundial actual y que, cuando ha existido, lo ha hecho como modelo de transición a otro distinto.
En definitiva, una reforma para la que creo que los españoles ya estamos preparados después de dejar atrás una historia que, aunque aún presente, debe dejar de ser una losa que oprima nuestra conciencia democrática.
